Se avecinan elecciones, preparamos candidaturas para los
parlamentos democráticos en nuestro Estado de las Autonomías……..muchas voces y
colectivos hablan esperanzados del fin del bipartidismo como algo necesario
para recuperar la viveza y representatividad democráticas del sistema
parlamentario, entendiendo que la ruptura de las mayorías al uso obligaría a
mejorar el diálogo y a buscar consensos con un mayor número de actores
participantes, lo que sin duda provocará mayor cercanía con los ciudadanos, que
tendremos la posibilidad de trasladar nuestras demandas y anhelos a un mayor y
más variado número de actores políticos, ¿acaso aumentará esto la eficiencia
representativa y su aprecio y reconocimiento por parte de los ciudadanos?.
Esa nueva situación hipotética conlleva una mayor
probabilidad de que nuestras preocupaciones corrientes y generales sean
entendidas, discutidas y atendidas, lo que ya supone expectativas de mayor
calidad de la democracia en cuanto a cantidad de la representatividad efectiva,
pero otros muchos condicionantes, ajenos a la mera composición de las cámaras
parlamentarias, incidirán también en la conformación de uno u otro modelo de
gobierno y parlamento (orientación, compromiso, responsabilidad, disciplina y
estructuras de partidos, directivas europeas, inexistencia de formaciones
políticas internacionales etc. ), no necesariamente fruto exclusivo de la
situación de bipartidismo, sino de la propia configuración de nuestro sistema
político, pensado para la transición, pero posiblemente obsoleto para una
democracia parlamentaria consolidada y un número cada vez mayor de ciudadanos
postconstitucionales.
Todos nos percatamos de que
nuestros partidos políticos, en turno de gobierno, hacen prevalecer sus
decisiones sobre el debate parlamentario, directamente o en coalición, lo que
resta capacidad de ejercicio real a la constitucional soberanía popular; dos
ejemplos en el caso extremeño, sin siglas:
Un grupo parlamentario ha prometido que, en caso de dirigir
la Junta, se aprobará antes del 1 de octubre de 2015 la Ley de Mínimos Vitales,
que garantizará unos mínimos vitales para cualquier familia extremeña en
situación pobreza energética; la oposición parlamentaria, y todos nosotros,
podemos razonablemente negar la necesidad de la medida porque no admitamos esa
realidad o no la consideremos un problema a resolver por la Administración
Pública, plantear otras medidas alternativas en caso de admitir su pertinencia,
o recalcular el coste de implantación de la mencionada ley porque la
consideremos mejorables (el grupo proponente lo fija en 12 millones de euros, a
obtener de suprimir 2 consejerías, 4 consejeros, el Consejo Consultivo
extremeño y un 25% del gasto parlamentario), pero lo que no parece muy coherente
ni con la función parlamentaria ni con los extremeños representados, y aún
menos con las familias sin calefacción, luz y agua, es que otros grupos
parlamentarios (sean muchos o pocos, más o menos grandes) traten de
descalificar la propuesta, despachándose con que su coste sería muy superior, e
incurrir a la vez en la contradicción de definir como “de miseria” los mínimos
vitales propuestos (100 litros de agua y 6 KW/hora por día o 193 euros años por
familia afectada), y ….…..ya está....., labor cumplida, pasan del problema y
que cada ciudadano se busque la vida y ayuda donde quiera y pueda.
Otro ejemplo, el caso de una propuesta de actuación de
Emergencia Social de Vivienda ante el incremento de los desahucios por parte de
los bancos, que sí fueron rescatados con fondos públicos; en aquella ocasión se
vetó la discusión parlamentaria por varias razones: las actuaciones recogidas no iban acompañadas de memorias del
impacto económico, el concepto económico de imputación del gasto era erróneo, y
eran inviables jurídicamente en cuanto a gestión y obtención de ingresos; y
a otra cosa mariposa, como si las debilidades formales de la propuesta
justificaran que la Asamblea no considerara importante el problema de los
desahuciados (ahora el gobierno central ha dado marcha atrás, abriendo la
posibilidad de que los jueces admitan la dación en pago en determinados casos).
No se exigió que la propuesta fuera mejorada, subsanada, no, se vetó y
punto.
No sólo es cuestión del número de partidos en el tablero de
la democracia representativa y su tamaño parlamentario, las respuestas y
posicionamientos ante los problemas diarios de la gente, tienen mucho que ver
con las funciones y jerarquía que todos y cada uno de los partidos políticos concedan al Parlamento y a los gobiernos
democráticos en general en cuanto a
competencias en la regulación y redistribución de los recursos públicos, de la
sociedad; llámenlo ideología, o justicia social, o solidaridad, o sensibilidad,
da igual, lo importante son los hechos y obras.
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/opinion/bipartidismo-disciplinas-parlamentarias_861676.html