Una de cada dos personas cree que la corrupción
se ha agravado en los dos últimos años, según la mayor encuesta de opinión
pública sobre corrupción realizada por Transparency International.
El Barómetro Global de la Corrupción 2013 se basa en una encuesta realizada a 114.000 personas en 107
países y muestra que la corrupción es un fenómeno extendido, aunque un
importante número de personas encuestadas creen que tienen la capacidad de
detener la corrupción y están dispuestas a combatir el abuso de poder, los
acuerdos secretos y el soborno.
Estos últimos días hemos conocido el caso Navalny,
en Rusia: su proceso judicial pone en tela de juicio la independencia del poder judicial y muestra
las dificultades que soportan los ciudadanos rusos que formulan críticas a las autoridades. Navalny es un crítico del gobierno ruso, y líder de una organización no
gubernamental de lucha contra la corrupción; ha manifestado su intención
presentar su candidatura a la alcaldía de Moscú.
Navalny fue juzgado por un delito civil y la
sentencia no es proporcional al hecho punible, si comparamos con otras
sentencias de casos similares: fue condenado por malversación de 500.000
dólares y se le condena a cinco años de
prisión, inhabilitación y una multa, mientras que una semana antes, el
funcionario de Moscú Joseph Reyhanov fue condenado a cinco años por
malversación de 9,6 millones de dólares.La comparación de la sentencia con las
de otros casos similares permite ver
que hay problemas en el funcionamiento del Estado de derecho.
El Barómetro Global de la Corrupción 2013
también pone de manifiesto que en muchos países las personas no tienen
confianza en las instituciones encargadas de combatir la corrupción y otros
delitos, muestra que existe una crisis de confianza en la política y en las
instituciones responsables de llevar a los delincuentes ante la justicia. El 55
por ciento de los encuestados creen que el gobierno responde a intereses
particulares.
El poder judicial es uno de los pilares básicos de los
Estados, y su autonomía e integridad son
necesarias para el mantenimiento del Estado de derecho. La Justicia debe
garantizar la igualdad de todos, lo que otorgará credibilidad al funcionamiento de las administraciones e
instituciones democráticas. Sólo existe Justicia si todos somos iguales ante la ley y recibimos un juicio justo;
en caso contrario, estaremos ante un sistema judicial ignorante, incluso
infractor de los principios del derecho. Un sistema de justicia
comprometida, utilizado con fines parciales, corporativistas o políticos, socava
la sostenibilidad del Estado de derecho y disminuye la capacidad del Gobierno
para favorecer el bienestar de la sociedad, desarrollar políticas sociales
democráticas y combatir la corrupción y
resto de delitos.
En nuestro país, un ejemplo de doble vara de medir: la
Fiscalía anticorrupción considera que la señora Urdangarín no sabía lo que
firmaba y pide que no sea imputada, mientras que la misma fiscalía no ve engaño
en la venta de las preferentes y considera que ancianos de 70 y 80 años, sin
apenas formación, sabían perfectamente lo que firmaban.
Los políticos deben actuar para tratar de
recuperar la confianza ciudadana, por ejemplo difundiendo sus declaraciones
patrimoniales y las de sus familiares cercanos. Por su parte, los partidos
políticos y los candidatos deben dar a conocer dónde obtienen sus fondos para
que no haya dudas respecto de quiénes los financian y se puedan identificar intereses
incompatibles.
El Barómetro Global de la Corrupción 2013 refleja que en 20
países el sistema judicial es la institución considerada más corrupta por los
encuestados. A este tenor, es preocupante últimamente leer alguna que otra
sentencia de nuestros tribunales, en cuyos fundamentos se copia y pega el
contenido de decretos y otras disposiciones gubernativas, introduciendo de
manera alarmante sesgos políticos en la
función judicial.
“Los gobiernos deben asegurarse de que haya
instituciones sólidas, independientes y con recursos suficientes para prevenir
y remediar la corrupción. Cuando el flagelo de la corrupción erosiona a las
instituciones centrales y servicios básicos, demasiadas personas sufren las
consecuencias”, según Transparency International.