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martes, 21 de octubre de 2014

CACERES SALE MAL EN LOS PRESUPUESTOS DEL 2015

Según nos prometen Rajoy, Montoro y cia, 2015 será el año de la deseada recuperación económica; pero lo que no nos dicen es para quién lo será, pues la cosa no pinta bien para las ciudadanas y ciudadanos corrientes, como usted y como yo.

Al menos, esa profetizada recuperación no la veo en los presupuestos generales del estado para 2015, PGE2015 en adelante, que son malos, requetemalos para Extremadura y pésimos para Cáceres ¡toma ya, que sorpresa!. Extremadura es la tercera Comunidad Autónoma por la cola en cuanto a aumento de la inversión estatal, crece sólo en un 4,5%, en los PGE2015 del generoso gobierno de Rajoy.

Se cargan el Plan Especial de Empleo mientras el número de parados sigue aumentado en Extremadura; lo tuvimos cuando había menos paro, y hoy con 153.000 desempleados, no aparecen políticas activas para el fomento del empleo en nuestra región. Igualmente, la Deuda Histórica también ha desaparecido, diluida en otras partidas saco donde se mezclan con gastos en otras comunidades.

Pero a todo hay quién gane: estos aciagos presupuestos destinan para Cáceres una inversión que disminuye un 16,8% en la provincia (lo hacen las inversiones de Empresas y entes públicos un 32,1% y la Seguridad Social un 58,8%). Esta situación ha sido denunciada por la diputada socialista cacereña Leyre Iglesias, recordando que la media anual del período 2008-2011 fue de 383 millones, contra 210 millones de media de inversión durante el Gobierno de Rajoy, y ya en el 2015 apenas llega a los 180 millones la inversión del Estado en nuestra provincia. 

Como ven, Cáceres es una gran discriminada de las inversiones de Rajoy y Monago; además, si en Extremadura crece un poquito y en Cáceres baja, no hace falta pensar mucho para ver que la inversión del Estado en la región durante 2015 está desequilibrada territorialmente.

Nos quieren engolosinar con el tramo de  la N-110 (Avila-Plasencia), pero la mayor parte de inversiones anunciadas son ganchos electoralistas,  pues retrasan el grueso de la inversión real a años venideros. También es el caso de la Ronda Sur-Este de Cáceres, para la que se presupuestan 105.000 € ¡vaya, ciento cinco mil euritos!; la Junta de Extremadura, ha aprobado 38 millones  y pico para la mitad de esta Ronda (la otra mitad queda en el aire, como queda sin resolver la necesaria conexión entre las autovías A-58 y A-66), también a distribuir plurianualmente hasta 2018 en cómodos plazos, o sea que están poniendo tareas de manera descarada a los gobiernos nacional y autonómico que salgan de las urnas en mayo 2015, queriendo capitalizar el rédito del marketing electoral.

La provincia y la ciudad de Cáceres están en clara decadencia, es urgente contar con un Plan de Empleo Estable presupuestado para cortar en seco la fuga de jóvenes y menos jóvenes hacia donde exista el maná social del trabajo. 

Y nos resulta necesario para salir del letargo cacereño en que estamos, establecer un marco de diálogo y negociación con todas las Administraciones Públicas implicadas para reanudar los proyectos y puesta en servicio de las siguientes infraestructuras en la Ciudad de Cáceres: finalización del nuevo hospital (para el que también se van a destinar 50 millones hasta 2018,  prometidos por Monago), y que acabe de llegar el tren rápido o como lo llamen ahora (también vemos como la partida presupuestaria estatal es irrisoria en comparación con las destinadas al AVE en otras regiones), necesario para garantizar la actividad económica, turística, comercial, cultural y de ocio en nuestra provincia.

De la Ciudad de la Salud y otras infraestructuras para qué hablar. Lo dicho, a Cáceres  no le sientan bien el presupuesto del 2015 estatal ni previsiones del autonómico.


http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/opinion/caceres-sale-mal-presupuestos_833849.html

martes, 15 de abril de 2014

NUEVO MODELO SOCIAL POST CRISIS



La crisis financiera y económica ha obligado a los últimos gobiernos españoles introducir crecientes restricciones presupuestarias tendentes a la contención del gasto social, siendo las políticas  creadas para responder a los nuevos riesgos sociales, las más recortadas. En 2010 Zapatero tuvo que suprimir la asignación por nacimiento introducida dos años antes y no pudo ampliar el permiso parental de 13 a 30 días. Tras su victoria electoral en 2011, el gobierno conservador de Rajoy recortó fuertemente las políticas sociales, destacando en sanidad y educación, atención a la dependencia, cuidado de niños de 0 a 3 y las políticas activas de empleo, programas a los que se torpedeó en su línea de flotación financiera.

Sin embargo, mas allá del objetivo de contención del déficit, las decisiones tomadas por el gobierno de Rajoy han actuado sobre los principios básicos de la protección social del Estado de bienestar, arrinconando los derechos sociales garantizados hasta la fecha por los gobiernos autonómicos (atención a la dependencia, prestaciones a las familias, rentas mínimas de inserción, etc.), demonizando la gestión pública como incapaz de administrar racionalmente los recursos y priorizando la explotación privada de los mismos (les recuerdo que la crisis la provocaron los privados e intocables banqueros y gestores de fondos de inversión). Las Comunidades Autónomas han visto mermar el flujo de fondos que manda Madrid para obligarles a reducir el gasto al privarles de financiación para citados programas.

El Sistema Nacional de Salud, cuyo lema fue la universalización de la atención sanitaria desde la aprobación de la Ley General de Sanidad de 1986, se ha convertido en laboratorio de ensayo con la pretensión de limitar el paquete básico de prestaciones sanitarias de acceso general e introducir el copago y seguros complementarios para el resto de prestaciones, restringidas a las élites y personas con posibles.

La reforma laboral también tendrá consecuencias sociales importantes; el autoempleo y otras formas de empleo atípico (trabajos a tiempo parcial antes desconocidos) han crecido a expensas del trabajo estable. Las reformas en la política de pensiones han incrementado los requisitos de acceso  a una pensión contributiva y harán que una parte importante de la población no pueda acceder a este tipo de prestaciones si no acredita una agenda laboral y contributiva suficiente temporalmente ¿cómo subsistirán en ese caso?.

Los gobiernos conservadores españoles sólo aplican políticas de austeridad y recortes, que han dañado a los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad, logrando que España sea el país de la OCDE donde más han aumentado las desigualdades económicas entre ricos y pobres con la crisis, a causa del desempleo y de que el sistema de protección social da ahora una peor cobertura a los menos protegidos.

Entre 2007 y 2010 los ingresos del 10 % de la población española más pobre cayeron de media anual un 14%, mientras que en ninguno de los otros Estados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  bajaron más del 10%. El porcentaje de variación del coeficiente de Gini, de desigualdad económica, se incrementó en casi un 3%, cuando en ningún otro país de la OCDE lo hizo en más del 1,5%. Para la OCDE "resulta altamente improbable" que la recuperación económica baste para solucionar la crisis del mercado de trabajo y la crisis social española, por lo que "la prioridad absoluta es dar ayuda a los grupos más desfavorecidos".

Todo esto me hace pensar en la deriva “a lo asiático” que está tomando nuestro país en los últimos años, siendo dignas de consideración manifestaciones como la  dualización de la sociedad en dos grandes grupos: los desprotegidos y las  élites aforadas/blindadas;  la sacralización del capitalismo financiero especulativo; la permisividad y popularización de la picaresca y corruptela de compadres……Estamos asistiendo a un cambio social no refrendado, avanzando hacia una nueva sociedad que poco habrá de parecerse, me temo, a la monarquía parlamentaria consensuada en nuestra Constitución. Es urgente que repensemos nuestro sistema de convivencia democrático hacia objetivos de concordia nuevos una vez superada la Transición; la pancarta no debe convertirse en el único instrumento de expresión de la desesperanza del Pueblo teóricamente Soberano.

jueves, 20 de marzo de 2014

¿porqué Rajoy equipara reformas a recortes sociales?



 
La Macroeconomía está en todas las noticias: que si la prima de riesgo sube o baja; que si el déficit público y comercial, que si la deuda, que si la morosidad, que si la tasa de productividad, de paro, que si la tasa de interés e inflación, que si las balanzas fiscales……. Nuestros políticos viven pendientes de que los europeos nos saquen las castañas del fuego, de que a la Sra. Merkel se le ocurra un plan que nos ayude…... Miramos a Grecia, miramos a Portugal, miramos a…….. y pensamos que lo peor podría estar por venir…
Y esa es parte de nuestro problema, el haber permitido que los datos macroeconómicos, calculados y frios, se hayan convertido en principios rectores de la sociedad global; no pretendo renegar de la economía, como disciplina social que se ocupa de la forma de satisfacer las necesidades humanas mediante los recursos escasos, pero si rechazo la fe ciega en el mercado, esa nueva religión de hoy, que identifica el funcionamiento teórico del libre mercado con la verdad. La economía y los mercados son obra de los hombres, y como tal no han de ser más que espacios de actividad y relación, al servicio de la organización social humana, y no convertirse en dogma y escusa ajeno a todo código ético para la implantación de un sistema de convivencia dictado por las élites que los mercados privilegian.
Por encima de los mercados y de sus dirigentes ha de situarse el poder soberano de los ciudadanos, sustentado en las leyes y representado en las instituciones por aquellos ciudadanos elegidos para este fin en los procesos electorales. La convivencia de los españoles tiene como máxima norma nuestra Constitución, que marca cauces y límites para la organización de nuestras relaciones como ciudadanos en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestro Estado, ¿hasta qué punto se pueden flexibilizar o alterar esos límites por parte de nuestros representantes electos al dictado de los mercados?
Viene todo esto a colación de que el presidente de la CEOE, Joan Rosell, aún reconociendo que los salarios han bajado más de lo que dicen las estadísticas oficiales del Gobierno (recordemos que la patronal española ha defendido con pasión la reforma laboral del PP) postula ahora que los salarios no deben ser fijos, sino variables en función de la productividad y de los resultados que tenga la empresa, callando que los salarios de los ejecutivos de las empresas que cotizan en el IBEX 35 han subido de media un 3%; es decir, la patronal aplica el criterio de bajar sueldos y despedir a la plantilla por la crisis, pero no a los dueños de las empresas, que en muchos casos han cobrado pluses millonarios.
Además, la CEOE ha propuesto a Rajoy la creación de un Salario Mínimo Juvenil inferior al SMI para contratos a menores de 35 años; reclama la posibilidad de cambiar unilateralmente el contrato a tiempo completo por uno a tiempo parcial, por causas económicas, ampliar del 15% al 30% el margen de horas complementarias sobre la jornada pactada, reducir el permiso por fallecimiento de familiar……..
Por otra parte, los “expertos” han elaborado una reforma fiscal en la que proponen subir el IVA reducido, el IBI, la cotización obrera a la seguridad social, lo que nos afectará a todos, relativamente más a las rentas más bajas y desempleados, y bajar los tipos máximos de IRPF, lo que sólo beneficiará a las élites con más ingresos.
El gobierno del PP nos quiere convencer de que ha llegado la recuperación y ahora toca cosechar miles de empleos, si es así, ¿dará Rajoy gusto a la reforma laboral que demanda la patronal y a la reforma fiscal que proponen los “expertos”?

martes, 11 de marzo de 2014

OTRA VEZ ESQUILACHE


El Debate sobre el Estado de la Nación de 2014 se ha celebrado recientemente en el Congreso de los Diputados (sería reconfortante que en el Debate de 2015 se hablara del estado o situación de los españoles); hemos escuchado al presidente Rajoy declararse satisfecho por la evolución de los datos macroeconómicos, que le sugieren que en el 2015 podríamos conseguir que el Producto Interior Bruto (PIB) creciera y comenzara la creación de empleo en nuestro país, objetivo que reforzará desde el gobierno con el establecimiento de una tarifa plana de las contingencias comunes de la seguridad social (100 euros dijo, que sin duda se duplicarán con las cotizaciones de Desempleo, Formación Profesional y Fogasa, que olvidó mencionar).

Entre los datos macro, el presidente obvió uno de los principales por su dimensión y consecuencias presentes y futuras: la Deuda Pública española, agujero negro que ronda el billón de euros (21.411 euros por habitante), y que supone tirar a la basura unos 40.000 millones de euros al año, por pago de intereses.


Si tenemos en cuenta que el déficit del Estado se va a 70.000 millones de euros, el de la seguridad social a 18.000 millones de euros, el de nuestra Balanza de Pagos al 6%,  que los desempleados son 5 millones de personas (3 millones los españoles en la pobreza severa), que tenemos una economía sumergida del 28% y un fraude fiscal del 8% del PIB, que los bancos y cajas rescatados a costa de todo el país mantienen el crédito desplomado y no realizan su función (oxigenar con liquidez a las pymes), que el consumo y la inversión padecen depresión severa, que nuestros jóvenes tienen que exiliarse en busca de futuro.....¿para qué nos sirve esa devoradora y sangrante deuda pública?

Yo se lo diré: entre otros efectos, arruinó nuestro presente común e hipotecará nuestro futuro, y el futuro de nuestros hijos y  de nuestros nietos y bisnietos incluso, pues los ingresos que se consiguen con la deuda se van en pagar los intereses de la misma y en mantener en estado vegetativo a un Aparato Estatal cada vez más debilitado y antisocial, en el que los “padres de la patria” y compañía se mantienen impasibles y engolados con sus “armaduras relucientes”, mientras el pueblo pasa hambre y pierde derechos sociales, la vivienda, el empleo y hasta la esperanza en un futuro mejor.

El presidente Rajoy parece haber abrazado la filosofía económica de los antiguos fisiócratas, en la que vale el laissez faire en la búsqueda individual del beneficio, al margen de la ética o moral, abandonando los objetivos de un precio justo y de un salario justo. Orientación económica propia del Despotismo Ilustrado que oprimió nuestro país en el  siglo XVIII, ejerciendo en nombre del pueblo un poder aún más absoluto que el ejercido por los reyes absolutistas habidos y por haber, pero quiero resaltar que mientras que aquellos Ilustrados se guiaban por el lema “todo para el pueblo pero sin el pueblo”, Rajoy y seguidores proclaman  “todos los recortes para el pueblo”, con lo que no es que hayamos retrocedido 35 años en derechos y logros sociales, sino que se nos ha transportado por decretazo a la vida y corte de Carlos III, cuando menos.

Con ocasión del recorte en cuanto a uso de vestimenta popular decretado por el ministro Marqués de Esquilache en 1766, tras un fuerte subida del precio del pan, el pueblo español se rebotó contra los oligarcas, y yo me pregunto:  ¿hasta cuando callaremos los sufridos españoles y aguantaremos la soga de recortes con la que nos asfixian los nuevos Esquilaches?

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/opinion/otra-vez-esquilache_791710.html






martes, 6 de agosto de 2013

¿Es machista la crisis?



Después del asesinato de una mujer de 69 años por su marido el pasado día 4 de agosto en Villafranca de los Barros, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura acordó que “Extremadura seguirá atendiendo a la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Contra la Violencia de Género, y será "rotunda" en la lucha contra la violencia de género, motivo por el cual se personará como acusación particular en "todos" los casos de maltrato "mortales" que se produzcan en la región”. Nuestra región se une así a este tipo de posicionamiento contra la violencia machista, iniciado anteriormente por otras cuatro comunidades autónomas: ambas Castillas, Andalucía y Galicia.
El asesinato de género de Villafranca ha sido el primero en Extremadura en  2013, pero ya van 30 muertes por violencia de genero en España en lo que va de año; el número de denuncias de violencia de género registradas en España en el primer trimestre alcanzó los 29.487 casos, según la estadística difundida el pasado 28 de junio por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género con sede en el Consejo General del Poder Judicial. Esta cifra implica una disminución del 5,1 por ciento respecto del cuarto trimestre de 2012, lo que no significa que hayan disminuido los casos de violencia según  la presidenta del Observatorio, sino solo los que se denuncian, lo que “nos tiene que hacer reflexionar sobre la bolsa oculta de maltrato que existe en España. Es necesario dotar de recursos humanos y medios económicos y materiales a los servicios de apoyo y asistencia a las víctimas, a pesar de la crisis económica que padecemos”. 
El estudio presentado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género está basado en los datos obtenidos de los 106 Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer existentes en toda España así como en los 355 juzgados con competencias compartidas. 
El 70,79 por ciento de las denuncias fueron presentadas por las víctimas, frente al 14,79 por ciento resultado de la intervención policial directa y el 11,26 por ciento de partes de lesiones. Como es habitual, sólo en el 1,37 por ciento de los casos fueron denunciados por familiares, mientras que las interpuestas por servicios asistenciales o terceras personas representaron el 1,79 por ciento del total. 
Nuestro sistema público cuenta desde la Ley de Igualdad en 2007 con estructura suficiente para asumir la protección de las víctimas, pero tiene que saber llegar a las víctimas y detectar las situaciones de maltrato con el fin de darles la confianza necesaria para que recurran a las instituciones; sólo así podremos evitar muertes como la de Villafranca de los Barros.
La tijera  de la crisis no ha respetado a la igualdad y las víctimas de la violencia machista: las políticas de igualdad cuentan este año con un 24% menos de presupuesto, y los recursos para luchar contra la violencia de género han bajado un 7%; un recorte que se suma al 22% de 2012 y a los que muchas comunidades autónomas están aplicando. Sin embargo, el Gobierno español ha anunciado una Estrategia Nacional, criticada por algunos gobiernos regionales por falta de fondos y concreción y porque tampoco indica como se va a llevar a cabo la coordinación con las comunidades a la hora de ponerlo en marcha.
La prometida Estrategia Nacional contra la violencia de género contiene algunas propuestas genéricas, como "mejorar la coordinación y el trabajo en red" o "mejorar la formación de todos los profesionales implicados". También la atención a otras formas de violencia, como los matrimonios forzados, la mutilación genital y la trata con fines de explotación sexual. Es en principio positiva, pero no es coherente con medidas como el proyecto de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que dejará sin competencias en servicios sociales a los ayuntamientos, y sin responsabilidades en materia de atención a mujeres víctimas de violencia de género. 
La labor que realizan los ayuntamientos frente a la discriminación y la violencia contra las mujeres es muy importante, especialmente en los pueblos. Por ello, desde las organizaciones feministas  y organismos como el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género alertan del riesgo de desprotección que corren las víctimas de la violencia de género con la modificación de la citada ley, pues la reforma propuesta es absolutamente ajena a las políticas de igualdad que desde 1978 han creado en España una extensa red de servicios de atención, prevención y protección, indispensables en todos los municipios, por su cercanía e influencia a las mujeres y hombres. 
Finalmente, es interesante decir que en el primer trimestre de 2013 las Audiencias Provinciales dictaron 106 sentencias de violencia de género. De ellas, 79 fueron condenatorias y 27 absolutorias.
Cabe también observar que el pronunciamiento dispar de las Audiencias Provinciales en cuanto a los casos que enjuician a través de las secciones especializadas en Violencia sobre la Mujer, los delitos más graves, que suponen pena de cárcel superior a cinco años, tampoco proporcionan seguridad jurídica ni emocional a las víctimas, que en muchos casos preferirán no denunciar y encubrir el delito por no correr riesgos en caso de absolución del maltratador.
No logro entender una sentencia reciente de la Audiencia Provincial de Murcia, que  no aprecia violencia machista en un caso en el que el acusado cogió de los pelos a su pareja y la golpeó contra la pared.
El voto mayoritario de la sala, que preside una mujer, dictamina que no se extrae válidamente un ánimo de dominación, menosprecio o humillación de la condición de la mujer, de lo descrito sólo se infiere una acción única y secuencial: la coge del pelo y le golpea contra la pared.