La crisis financiera y económica
ha obligado a los últimos gobiernos españoles introducir crecientes
restricciones presupuestarias tendentes a la contención del gasto social,
siendo las políticas creadas para responder
a los nuevos riesgos sociales, las más recortadas. En 2010 Zapatero tuvo que
suprimir la asignación por nacimiento introducida dos años antes y no pudo
ampliar el permiso parental de 13 a 30 días. Tras su victoria electoral en
2011, el gobierno conservador de Rajoy recortó fuertemente las políticas
sociales, destacando en sanidad y educación, atención a la dependencia, cuidado
de niños de 0 a 3 y las políticas activas de empleo, programas a los que se
torpedeó en su línea de flotación financiera.
Sin embargo, mas allá del
objetivo de contención del déficit, las decisiones tomadas por el gobierno de
Rajoy han actuado sobre los principios básicos de la protección social del
Estado de bienestar, arrinconando los derechos sociales garantizados hasta la
fecha por los gobiernos autonómicos (atención a la dependencia, prestaciones a
las familias, rentas mínimas de inserción, etc.), demonizando la gestión
pública como incapaz de administrar racionalmente los recursos y priorizando la
explotación privada de los mismos (les recuerdo que la crisis la provocaron los
privados e intocables banqueros y gestores de fondos de inversión). Las
Comunidades Autónomas han visto mermar el flujo de fondos que manda Madrid para
obligarles a reducir el gasto al privarles de financiación para citados
programas.
El Sistema Nacional de Salud,
cuyo lema fue la universalización de la atención sanitaria desde la aprobación
de la Ley General de Sanidad de 1986, se ha convertido en laboratorio de ensayo
con la pretensión de limitar el paquete básico de prestaciones sanitarias de
acceso general e introducir el copago y seguros complementarios para el resto
de prestaciones, restringidas a las élites y personas con posibles.
La reforma laboral también tendrá
consecuencias sociales importantes; el autoempleo y otras formas de empleo
atípico (trabajos a tiempo parcial antes desconocidos) han crecido a expensas
del trabajo estable. Las reformas en la política de pensiones han incrementado
los requisitos de acceso a una pensión
contributiva y harán que una parte importante de la población no pueda acceder
a este tipo de prestaciones si no acredita una agenda laboral y contributiva
suficiente temporalmente ¿cómo subsistirán en ese caso?.
Los gobiernos conservadores
españoles sólo aplican políticas de austeridad y recortes, que han dañado a los
colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad, logrando que España sea el
país de la OCDE donde más han aumentado las desigualdades económicas entre
ricos y pobres con la crisis, a causa del desempleo y de que el sistema de
protección social da ahora una peor cobertura a los menos protegidos.
Entre 2007 y 2010 los ingresos
del 10 % de la población española más pobre cayeron de media anual un 14%,
mientras que en ninguno de los otros Estados de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
bajaron más del 10%. El porcentaje de variación del coeficiente de Gini,
de desigualdad económica, se incrementó en casi un 3%, cuando en ningún otro
país de la OCDE lo hizo en más del 1,5%. Para la OCDE "resulta altamente
improbable" que la recuperación económica baste para solucionar la crisis
del mercado de trabajo y la crisis social española, por lo que "la
prioridad absoluta es dar ayuda a los grupos más desfavorecidos".
Todo esto me hace pensar en la
deriva “a lo asiático” que está tomando nuestro país en los últimos años,
siendo dignas de consideración manifestaciones como la dualización de la sociedad en dos grandes
grupos: los desprotegidos y las élites
aforadas/blindadas; la sacralización
del capitalismo financiero especulativo; la permisividad y popularización de la
picaresca y corruptela de compadres……Estamos asistiendo a un cambio social no
refrendado, avanzando hacia una nueva sociedad que poco habrá de parecerse, me
temo, a la monarquía parlamentaria consensuada en nuestra Constitución. Es
urgente que repensemos nuestro sistema de convivencia democrático hacia
objetivos de concordia nuevos una vez superada la Transición; la pancarta no
debe convertirse en el único instrumento de expresión de la desesperanza del
Pueblo teóricamente Soberano.