¿Verdad
o mentira? Ambas, pues conviven en la
misma moneda de canto estrecho, dependiendo de la oportunidad del momento y de
la sutileza y subjetividad de cada mente, aprendidas o inducidas por reiterados
mensajes de opinión al respecto; veamos, en el caso del ex-honorable
Pujol, fue respetado durante decenios y
declarado enemigo público número uno recientemente, sin intermedios, y yo me
pregunto: ¿no fue antes el oscuro caso
de banca catalana y el delito fiscal que la concesión del molt honorable?,
¿desde cuando se le conocen irregularidades fiscales?, ¿fueron las corporativas
“altas razones de Estado” las que motivaron el maquillaje y ocultamiento legal
de su ahora publicado fraudulento comportamiento, permitiendo que “disfrutara”
de la molt honorabilidad?
¡Cuán
efímeras y mutables, amén de interesadas, son las razones de Estado!
Pillerías
y picarescas punibles aparte, desde hace algunas elecciones los partidos políticos dicen haber escuchado
el mensaje de la urnas, que deben rectificar y cambiar sus comportamientos y el
de sus miembros respecto a la sociedad, a los ciudadanos……pero parece que vence
el afán electoralista de mantenerse en el poder; por ejemplo, a finales de
julio hemos oído que los asesores de Rajoy le aconsejan que promueva un
adelanto electoral para ganarle la partida a Sánchez, Iglesias y Más, con el
objetivo de mantener el máximo el apoyo electoral, NO PARA lograr un gobierno
fortalecido interna y externamente que favorezca la posición del Estado y permita
aprobar políticas sociales que alivien el sufrimiento del pueblo soberano
(empleo, sanidad, educación, igualdad etc.etc.), NO, sino para seguir
ejerciendo el poder de manera rutinaria, por mantenerlo.
La
posibilidad de remover el pasado priorizando el interés electoralista sobre el
de representación y defensa de los intereses públicos y problemas de los
ciudadanos (que debería presidir la actividad pública) es un atentado contra la
esencia de la democracia, además de desacreditar la legitimidad de los acusadores
(dueños todos de un pasado tan sujeto a reconsideración como el de Pujol, ojo)
por la manifiesta arbitrariedad negligente
en la elección de tiempos y objetivos que ello supondría.
En
Extremadura, hemos asistido hace unos días a la descalificación política del
diputado Miguel Bernal por presuntas irregularidades en la concesión o
justificación de subvenciones concedidas a Aeceo y Foro Empleo, con bombardeo
mediático de noticias al respecto; cabe interpretar que la finalidad fuese
electoralista, pues si el objetivo fuera otro, bastaría con poner los hechos en
conocimiento de la Fiscalía para que evaluara la existencia o no de delito y
actuara en consecuencia ¿no creen?, en lugar de tantas ruedas de prensa
involucrando a terceras Instituciones, no personadas y calladas ¿y si luego se
demuestra que no hubo trampa ni cartón? ¿quién restituye el daño causado en la
honorabilidad personal? ¿quién exige responsabilidades a quienes lanzaron
sombras contra la responsabilidad profesional de las Intervenciones de estas
Instituciones? La Asamblea Regional no
ha avalado, de momento, la presunción de inocencia en este caso, como habría
sido de esperar en coherencia con el reciente intento de penalizar los
comentarios en las redes sociales respecto de sus diputados.
Todo
es revisable, y seguro que alguien hubiera hecho esto o aquello de otra manera,
mas o menos eficiente según gustos, pero la posibilidad subjetiva de resultados
distintos en el pasado no implica la existencia obligatoria de conductas
sancionables, por lo que habría que regular normativamente el procedimiento,
objetivos y responsabilidades de
la revisión política del pasado y su publicitación, cuyos alcance, efectos y
consecuencias deberían garantizar su
consideración positiva como lecciones aprendidas, exclusivamente en
beneficio del interés general, no como arma arrojadiza para quitar del
medio a los jugadores de otros equipos de la liga y seguir ejerciendo el poder
como rutina de poder.
Haber
cuando entendemos que la Transparencia y Buen Gobierno no sólo afectan al
manejo de los fondos públicos, sino al porqué y para qué de todos los
SERVICIOS, INSTITUCIONES Y POLÍTICAS PUBLICAS, cuyas competencias no son
patrimonio usufructuario de élites ni de grupos de poder.