Hay
situaciones de urgencia o catastróficas que pueden justificar y exigir la adopción acelerada de acuerdos o
disposiciones normativas para resolver situaciones no deseables o paliar daños y males mayores, pero a veces
resulta arduo comprender el interés y
porqué de algunas tramitaciones abreviadas o la elección de vías alternativas a
las usuales, y menos aún cuando se declaran superadas las alertas antaño
combatidas mediante decretos-leyes.
En
la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para
2015 se han incluido, en el apartado de Disposiciones en materia de gestión del
Sistema Retributivo de los Empleados Públicos Autonómicos, varias
modificaciones respecto al periodo de liquidación de retribuciones mensuales y
de las pagas extraordinarias que, pareciéndome justas, me han sorprendido, en
primer lugar por la complicación
operativa que supone su aplicación en casos distintos a la administración
general y en segundo lugar porque suponen modificaciones sustantivas del
sistema retributivo en vigor que, entiendo, deberían regularse mediante otro
procedimiento y tipo de disposición legal distinta a la ley anual de
presupuestos, ya que pueden pasar desapercibidas en el trámite parlamentario (y
eso que no pocos diputados son o han sido empleados públicos), desconociendo si
tales cambios han sido, o no, analizados en la mesa general de negociación de
la Administración Autonómica.
Similar
sorpresa me causa saber que el proyecto de Ley de la Función Pública de Extremadura
haya sido presentado por el Grupo Parlamentario Popular, no por la Junta de
Extremadura, lo que permite obviar el trámite informativo del Consejo
Consultivo, y acelerar su aprobación por la vía rápida en la Asamblea extremeña
antes de que termine la legislatura, es decir, antes de que se celebren las
elecciones en mayo del corriente año.
Las
últimas oposiciones convocadas en 2013 no han comenzado a desarrollarse un año
y pico después; el concurso de traslado
de puestos base sigue a la zaga en el retraso; desde el verano del 2014
esperamos la convocatoria, y
resolución, del concurso de traslado de puestos de estructura, que no se
convoca desde hace muchos años; las plantillas de la Administración Autonómica tienen
un elevado grado de cobertura mediante comisiones de servicios, interinidades y
contrataciones temporales…….. todo eso es lo que urge solucionar y primero
iniciar, antes del mes de mayo, entonces ¿porqué tal velocidad en la
tramitación del proyecto de Ley de la Función Pública?. Posibles razones que se
me antojan, pueden ser la de incorporar
los preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público, tarea retrasada desde
2007, o la de intentar cumplir la
agenda legislativa prometida antes de agotar los cuatro años de mandato; otras
razones prefiero que no se me ocurran.
Pero
si leemos el proyecto de ley, nos encontramos ante un texto de mínimos, de
cajones a llenar, de directrices a seguir; el verdadero desarrollo tendrá que
hacerse a través de decretos u órdenes posteriores, por parte de un nuevo
gobierno elegido en las elecciones (sea el que sea); en esta tesitura, las
razones sugeridas anteriormente no justificarían totalmente el acelerón
legislativo.
La
nueva ley en trámite establece que las convocatorias deberán fijar el
calendario de desarrollo de las oposiciones, no pudiendo ser superior a doce
meses; ¡venga! pues cúmplase este objetivo iniciando la resolución de la
convocatoria pendiente desde 2013 y de los concursos de traslado convocado y
prometido, como ejemplo y muestra de que los objetivos son los que se dicen.
Todos,
especialmente los que somos empleados públicos autonómicos en servicio activo,
estamos de acuerdo en la necesidad de modernizar y transformar la función
pública extremeña, en aras a la
prestación de un servicio público eficiente y de calidad, por ello permítanme
poner en duda que eso se garantice tramitando la ley correspondiente en los
tres últimos meses de legislatura; novedades de tanto calado y alcance como la
regulación marco de la función directiva pública y de pasarelas para la carrera administrativa profesional no pueden
ser despachadas a toda velocidad, sin tiempo material para analizar y sopesar
todas las posibles consecuencias con los mayores niveles de participación y
aceptación posibles. Recordemos que las
prisas casi nunca suelen ser buenas, para todos.
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/opinion/acelerones-legislativos_851042.html