Los vinateros trasiegan los caldos desde las tinajas para
que la maduración progrese adecuadamente y acaben siendo buen vino, ya joven,
crianza o reserva; los resultados electorales del 24M provocan otra clase de
trasiego: ascenso de los equipos titulares del último cuatrienio a la categoría
de “en funciones” y apertura del plazo de presentación de currículos para los
que quieran desempeñar el rol de “en
potencia” en el futuro próximo, lo que ha incrementado notablemente las actividades
de mensajería urgente; sorprende constatar cuán efímeros y obsoletos son los
conocimientos, experiencia y títulos académicos de los elegidos como los
mejores y más preparados gestores políticos, apenas 4 años de vigencia.
Estas consecuencias provocadas por los resultados de las
urnas deberían limitarse, al menos en el inicio de la nueva legislatura, al
gremio de los gestores políticos, sin arrastrar colateralmente a las
estructuras organizativas y a los profesionales de la función pública, salvo modificaciones
administrativas anunciadas en programas electorales, y por tanto sopesadas por
los ciudadanos para decidir su voto (quién avisa no es traidor, se dice).
Para no liarles, me refiero a la
anunciada supresión de juntas rectoras y organismos autónomos en el
Ayuntamiento de Cáceres, salvo el IMAS, integrándose el resto (Juvendud,
Deportes y Universidad Popular) en distintas concejalías, con lo que sus
funcionarios de plantilla y programas de actividad desarrollados, se
“repartirán” por otros departamentos y áreas, que por tanto verán incrementadas
sus plantillas, presupuesto, competencias y volumen de gestión (más
presupuesto, personal y contratación, más poder); téngase en cuenta que la
UPcc, por ejemplo, cuenta con una plantilla fija de unos 30 técnicos, recibe
del Ayuntamiento 1,3 millones de euros, y que su presupuesto ejecutado supera
una media de 4 millones anuales conseguidos mediante financiación competitiva
extramunicipal, incrementando su plantilla adicionalmente, con cargo a
programas, en otros 30-40 técnicos (¡¡golosa bolsa de empleos!!).
No hay que hurtar a nuestros
ediles la competencia para modificar estructuras organizativas, pero en este
caso no entiendo las razones, sobre todo teniendo en cuenta que la UPcc
concretamente (no tengo datos de los otros organismos) arroja superávit
presupuestario y cofinancia a la caja única municipal mediante habituales
remanentes anuales que reducen su coste presupuestario, que sus programas de
promoción y difusión de la cultura han tenido 7.885 usuarios en el cuatrienio
2011-2015 (talleres abiertos, ocio y tiempo libre, aula de 3ª edad, IDRE,
igualdad y conciliación, etc.) y que sus programas de formación y cualificación
para el empleo han atendido a 769 usuarios durante el mismo periodo (cifras nada
desdeñables)
Ahorrar, por supuesto, y
priorizar gastos también, pero si las actividades y el funcionamiento de los
organismos autónomos son sostenibles, si generan ingresos de matriculación de
usuarios ¿donde está el ahorro o mejoras que puedan justificar su supresión?
¿la idea es suprimir posteriormente programas sociales como el de fomento del
empleo? Dado el nivel de desempleo en la ciudad, yo aconsejaría justo lo
contrario.
Si la pretensión es ahorrar, la
supresión de las Juntas Rectoras supondría el chocolate del loro en dietas de
asistencia anualmente. Antes de
modificar o suprimir un departamento u
órgano, valórese la utilidad social o el servicio público que prestan a la
ciudadanía y evalúese la pertinencia, eficacia y agilidad administrativas resultantes
de la absorción por otras concejalías o áreas de gestión, y no desmotiven a los
funcionarios con un trasiego que no sea necesario.
http://www.periodistadigital.com/panorama-extremadura/firmas-de-opinion/2015/06/23/trasiego-de-cargos-y-cargas-fernando-solis-fernandez.shtml