Comentario que los empleados públicos oímos
muchas veces a nuestros jefes, administrativos o políticos, pues en la
administración pública española toman protagonismo los políticos electos y
cargos de confianza en los asuntos administrativos
o técnicos, argumentando “que la administración no puede estar en mano de los
funcionarios”.
Los actos administrativos que se
resuelven “siguiendo órdenes de arriba”, pueden eclipsar la seguridad jurídica
y provocar recursos judiciales que terminan en sentencias favorables a los administrados
(selección de personal, negación de derechos laborales y económicos, contratos
administrativos...) con el consiguiente perjuicio económico a cargo de la
Administración y de la sociedad; en estos casos habría que exigir responsabilidad
patrimonial a “los de arriba” (las costas judiciales, p.ej.) por ignorar
las normas y principios administrativos.
El proyecto de reforma de la administración
pública catalana fomentará la dirección pública profesional como elemento de garantía para la
ciudadanía. “Hay que
asegurar que al frente de una unidad gestora haya siempre una persona competente técnicamente, con experiencia demostrada, que será evaluada en
su tarea y resultados, que deberá rendir cuentas y que deberá tener continuidad
más allá del ciclo político"
Afortunadamente
se ha consolidado en la función pública la cultura de mejora y simplificación
de la administración para prestar un servicio público de calidad a los
administrados; en un reciente Taller sobre innovación en la
administración local celebrado en Bilbao, se concluyó que en las administraciones públicas son
insostenibles los siguientes usos y costumbres:
1.
Petición de forma habitual y reiterada de documentos y acciones innecesarias e
injustificadas.
2. La ciudadanía y las
empresas soportan unos altos costes por la burocracia y la espera de la
respuesta, fuera de plazo en demasiadas ocasiones.
3. La acción se carga en la parte del administrado, mientras que
la administración se mantiene a la espera de forma inmovilista.
4. Una administración con esquemas del siglo XIX sin adaptarse a
los cambios del entorno.
5. Una percepción ciudadana negativa respecto a los servicios
administrativos del sector público.
Los asistentes al Taller recomiendan que las administraciones
implementen los siguientes cambios:
-Implantar una sede electrónica; para la sociedad es un derecho
poder optar a relacionarse electrónicamente con el sector público; para la
administración es una obligación ofertar dicha posibilidad.
-Tramitar
los expedientes administrativos sin la fotocopia del DNI (pedirlo es un hábito)
basta verlo y constatar el número (igual que empadronamiento, certificado de
pago de deudas, fotocopias de recibos o de cuenta corriente etc.)
-Respuesta
inmediata y reducción de plazos de tramitación.
-Interoperabilidad
administrativa, evitar desplazamientos de la ciudadanía a otras
administraciones, utilizando la plataforma de intermediación de la
Administración General del Estado y otras plataformas autonómicas para conseguir
documentación interadministrativa.
-Renovación
automática: no exigir la presentación de una nueva solicitud ni datos y
documentos que obran ya en poder de la Administración, que actuará de oficio
eliminando cargas a los administrados.
(por
ejemplo, extender la bonificación del IBI por familia numerosa durante todos
los años de validez del título de familia numerosa sin que deba ser solicitada
cada año)
-Tramitación
proactiva: El mejor trámite
administrativo para la ciudadanía es aquél que no debe realizar. El interesado solo debe validar la
información personal que ya tiene la administración y dar su autorización para
la tramitación.
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/opinion/esto-viene-arriba_812410.html