URGE ESCUELA DE GOBERNANTES BUENOS

¿Cómo seleccionar a nuestros gobernantes? Si existen requisitos para dirigir un banco o una empresa privada ¿seremos menos exigentes con los asuntos que nos afectan a todos y al futuro de nuestro país y de nuestros hijos?

En los sistemas políticos modernos, el ejercicio del poder se fundamenta en su origen democrático y legal, pero la legitimidad democrática no basta, ni mucho menos, para garantizar que los gobernantes desempeñen con eficacia, sabiduría y prudencia su función.

No pretendo reflexionar sobre políticos  elegidos democráticamente en las urnas, si bien no pocos ciudadanos pretenden que un político aspirante a dirigente público no sólo debe ganar elecciones o debates sino estar capacitado para dirigir organizaciones y nombrar gobernantes o directivos públicos eficaces, pues no olvidemos que la función representativa es muy distinta de  la función de dirección pública y de la tarea de los empleados públicos.

Los políticos electos, representantes del pueblo soberano, nombran y cesan gobernantes y directivos, respetando las condiciones fijadas por ley: “se requiere ser español, mayor de edad, …… no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme”. La Ley 6/1997, de Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado distingue entre órganos superiores (ministros y secretarios de estado) y órganos directivos (resto de altos cargos) y establece los criterios para la selección y nombramiento para los órganos directivos: “…nombrados, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia…...”. 

Pero en la práctica, el nombramiento y cese de los órganos superiores y directivos se realiza con total discrecionalidad y, en la mayoría de los casos, por motivos de oportunidad política (ejemplo, el último cambio del Gobex supuso numerosos ceses y nombramientos de altos cargos y jefes de servicio), de confianza o incluso de otra índole, como relaciones de afinidad o ¡¡consanguinidad!!, sin que se suela plantear que un nombramiento, o cese, pueda resultar ilegal por no hacerse siguiendo criterios de competencia profesional y experiencia, aunque el seleccionado fuera funcionario.

España sigue careciendo de una regulación específica y completa sobre esta cuestión, a pesar de que el Estatuto Básico del Empleado Público ofrezca la base para ello; hasta hoy, sólo se ha expresado la intención de regular el personal directivo público (los anteproyectos de ley extremeño, catalán y vasco por ejemplo) pero nada se dice de los secretarios de estado, los ministros y similares a nivel autonómico y local.

Si queremos que funcionen con eficacia las instituciones públicas, más que lealtad política debe buscarse la excelencia y acabar con la actual situación donde los directivos, y corte de asesores, son nombrados y cesados por el puro capricho del político electo de turno.

 Ello permitiría  respetar el modelo de función pública diseñado en la Constitución: imparcialidad en la gestión y necesidad de servir con objetividad a los intereses generales.

Otros países cuentan con centros de formación para dirigentes, públicos o privados, resaltando entre los públicos la Escuela Nacional de Administración francesa, ENA. En España, Universidades y Escuelas de Negocio cuentan con Masters en Gestión Pública frecuentados normalmente por funcionarios de las tres Administraciones, pero escasos dirigentes políticos, entre otras razones, por su coste.

Cabría proponer que el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y las Escuelas de Administración autonómicas formaran, incluso gratuitamente, a los cuadros de los partidos con representación parlamentaria (los  que pueden formar parte del gobierno), al menos en las particularidades que conlleva la dirección de un organismo público. Sin embargo, el INAP y similares han sido rebajados de rango y recortados.

Finalmente, elegir malos gobernantes no es sólo perder la oportunidad de dirigir y gestionar mejor la “cosa pública” sino que el prestigio de las instituciones cuesta mucho ser ganado, y se pierde fácilmente cuando los dirigentes no están a la altura; sobran ejemplos. 

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/opinion/urge-escuela-gobernantes-buenos_818586.html

http://www.panorama-extremadura.com/Firmas_de_Opinion/1460/urge-escuela-gobernantes-buenos

Cucharada y paso atrás

¿Cuál es la explicación para que en la España actual haya todavía 3.000 políticos y 7.000 jueces y fiscales aforados o blindados judicialmente, siendo así que en Alemania, Reino Unido y EEUU no existe este privilegio, en   Italia y Portugal  solo  blindan a sus jefes de estado y en Francia al presidente y sus ministros?;  si se pretende garantizar autonomía e independencia en el ejercicio de la representación política, no parece que cumplamos ese objetivo si nuestras normas siguen estableciendo que nuestros aforados sean clase VIP ante la justicia, que sean juzgados, cuando lo son, de manera distinta que los ciudadanos de a pie, por el Tribunal Superior de Justicia y por el Tribunal Supremo, precisamente los entes más politizados de los órganos judiciales españoles (los partidos eligen a los miembros del CGPJ, que, a su vez, nombra a los jueces del Supremo, quienes luego se encargan de juzgar a los cargos políticos).

Las razones son meramente históricas y, una vez consolidado el estado constitucional y de derecho en España, resulta anacrónico este fuero especial jurisdiccional que la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía conceden a los miembros de las cámaras parlamentarias (otro día hablaremos del caso del fuero especial de altos magistrados y fiscales, regulado por la Ley Orgánica del Poder Judicial).

La tendencia internacional es reducir al máximo los privilegios procesales, por lo que tendríamos que acotar de manera precisa las actuaciones de los cargos públicos que la razón y el sentido común aconsejan someter a esta protección, y no debemos confundir aforamiento con la dignidad exigible de la que debe disponer quien ejerce la representación política del pueblo español, pues gozar de igual condición que la persona representada debería ser suficiente para ejercer dicho servicio público con dignidad y eficacia.

Si queremos que todo ciudadano pueda optar libremente a ser elegido como representante del pueblo para que la política no acabe en manos de profesionales, entiendo conveniente plantear el plano de igualdad de políticos y ciudadanía, porque si el político se distingue del ciudadano medio en cuanto a mejores condiciones de vida, trato judicial diferenciado, acceso privilegiado a servicios, concursos y convocatorias públicas, entonces es cuando estaremos fomentando la profesionalización, endogamia y bunquerización en la actividad política, a fuerza de convertirla en bocado apetecible para los unos y para los otros.

El gesto simbólico realizado por Fernández Vara, escenificando su renuncia personal al aforamiento político, es interesante, sobre todo si  provoca una reacción mayoritaria de la actual clase política proclive al cambio en las normas legales que otorgan ese privilegio; ya veremos, pues en esta ocasión, aún no he visto a ningún líder ni  grupo político que haya recogido el guante y presentado una iniciativa parlamentaria con esta finalidad ( recordemos que UPyD lo hizo en 2013 y fracasó en el Congreso). Yo creo que no se ha entendido, o no se ha querido entender, la insinuación pretendida con la renuncia notarial de Olivenza, pero seamos pacientes, pues hay sobre el escenario políticos capaces de provocar o aparentar los cambios que intuitivamente suponen del agrado del electorado.

Servidor piensa que el pueblo agradecería que el des-aforamiento no sólo fuera jurisdiccional, sino integral, hasta rasarse el digno político y el digno ciudadano medio español ante un destino común compartido, pues de nada serviría si se conserva el beneficio del mínimo privilegio en los planos laboral, profesional, empresarial, sanitario, de prestaciones de la seguridad social etc. o si sigue existiendo una “clase política”, en la que no sólo se incluyen los políticos en activo.  El principio de igualdad, del mérito y  capacidad personales  se prostituye si es sojuzgado en razón de intereses individuales o corporativos de los políticos (que no es lo mismo que el interés del estado o interés político). Si todos somos iguales, cualquier desigualdad de trato debe ser excepcional, estar justificada y ser proporcionada, por lo que toca, ya, dar cucharada y paso atrás en materia de privilegios.

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/fernando-solis-cucharada-paso-atras_782737.html
 http://www.laaldaba.es