El Gobierno
sigue adelante con su proyecto de ¿racionalización? de la administración
pública, y ahora toca la reforma de la administración local, que cederá las
competencias de los municipios a las diputaciones provinciales y a las
comunidades autónomas. La gestión de competencias en una sociedad democrática
debe avalar la equidad en la creación normativa y la función de proximidad en
la prestación de los servicios públicos, favoreciendo las condiciones de vida y
la convivencia. Por esta razón, el Estado ha venido vistiendo a los
ayuntamientos, por ser las instituciones más cercanas al ciudadano, con el
traje de faena para ejecutar múltiples competencias, siempre insuficientemente
financiadas, y ahora se quiere impedir que sigan haciéndolo aprovechando que la
crisis pasaba por aquí.
En lugar de subsanar la tradicional precariedad de la
financiación local, esta reforma provocará los siguientes efectos:
desempoderamiento del poder local, derribo de una parte del Estado del
bienestar, desigualdad en el acceso a los servicios públicos y, lo mas
importante, la eliminación de la proximidad entre los ciudadanos y los poderes
públicos, con lo que los recortes afectarán también al propio contenido y
alcance de la democracia representativa.
El gobierno esgrime el argumento de que las economías
de escala ahorran gasto en los servicios públicos. Esa es la teoría, pero los
datos sobre la deuda de las instituciones dicen exactamente lo contrario, salvo
excepciones como el Ayuntamiento de Madrid, donde sus alcaldes gastaron cual
faraones y dejaron en herencia una deuda desorbitada.
¡¡no es justo hacer normas restrictivas para todos,
en lugar de controlar a los que incumplen reiteradamente!!
Los Ayuntamientos urbanos perderán competencias en
servicios sociales a favor de las comunidades autónomas, y los rurales
prácticamente todas a favor de las diputaciones, con grave riesgo de
privatización, recorte y supresión de servicios, deterioro de las economías
locales por la contratación centralizada en las diputaciones, lo que debilitará
la diversificación de la economía rural, además de multiplicar las
oportunidades para las redes clientelares en busca de negocio y/o negociete.
La reforma pretende relegar a los ayuntamientos
democráticos, que han sabido mantener
las condiciones sociales del espacio público; suponiendo además el
retorno de las élites provinciales y locales (por ahí va también el zarpazo
caciquero que Cospedal ha dado al Estatuto de Castilla-La Mancha, relegando el
parlamento regional al papel de casino para ricos en el que ha suprimido todo
control de legalidad y democrático), así como una renuncia a la homologación
con el mundo local europeo, que gestiona casi el doble de presupuesto público
que el español.
Todos aplaudimos y asumimos el objetivo de eliminar
burocracia y duplicidades, administrar mejor los recursos y hacer más eficiente
a la Administración, pero eso no significa eliminar instituciones o servicios
necesarios y sostenibles, y menos aún cuando se mantienen otros estructuras,
procedimientos y gastos mas que opinables, en función de intereses de poder
elitistas (“....nos encontramos ante la primacía de lo económico sobre lo
político, de tal forma que el poder político que ejecuta las reformas no
renuncia a socavar los cimientos democráticos en aras de satisfacer las
implacables necesidades de capital”. Alberto Garzón, La democracia como
obstáculo, diciembre 2013.
Conviene recordar el dictamen del Consejo de Estado
con ocasión del proyecto de racionalización y mejora de la administración
pública: “Se aprecia una concentración de medidas de supresión de órganos en el
ámbito de las políticas sociales. Resulta conveniente velar porque tales
reformas no comporten una minoración del cumplimiento de los fines atribuidos a
los órganos suprimidos”.
Muy interesante el momento histórico que vivimos,
pues detrás de todo esto podría subyacer una filosofía liberal que quisiera
mutilar el estado de derecho y democrático, y acaso sustituirlo por un nuevo
sistema neo-feudal donde los derechos colectivos pudieran ser relegados o
condicionados por intereses prioritariamente monetaristas y relaciones
clientelares privadas; vaya, que podríamos estar asistiendo a la concepción de
una nueva especie de estado del sobre gurtelero en el que el poder real
y efectivo sería ejercido por élites financieras a través de diligentes
marionetas estratégicamente colocadas en las distintas instituciones.
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/opinion/ere-ayuntamientos_794459.html