martes, 27 de enero de 2015

ACELERONES LEGISLATIVOS


Hay situaciones de urgencia o catastróficas que pueden justificar y exigir  la adopción acelerada de acuerdos o disposiciones normativas para resolver situaciones no deseables  o paliar daños y males mayores, pero a veces resulta arduo comprender  el interés y porqué de algunas tramitaciones abreviadas o la elección de vías alternativas a las usuales, y menos aún cuando se declaran superadas las alertas antaño combatidas mediante decretos-leyes.

En la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2015 se han incluido, en el apartado de Disposiciones en materia de gestión del Sistema Retributivo de los Empleados Públicos Autonómicos, varias modificaciones respecto al periodo de liquidación de retribuciones mensuales y de las pagas extraordinarias que, pareciéndome justas, me han sorprendido, en primer lugar  por la complicación operativa que supone su aplicación en casos distintos a la administración general y en segundo lugar porque suponen modificaciones sustantivas del sistema retributivo en vigor que, entiendo, deberían regularse mediante otro procedimiento y tipo de disposición legal distinta a la ley anual de presupuestos, ya que pueden pasar desapercibidas en el trámite parlamentario (y eso que no pocos diputados son o han sido empleados públicos), desconociendo si tales cambios han sido, o no, analizados en la mesa general de negociación de la Administración Autonómica.

Similar sorpresa me causa saber que el proyecto de Ley de la Función Pública de Extremadura haya sido presentado por el Grupo Parlamentario Popular, no por la Junta de Extremadura, lo que permite obviar el trámite informativo del Consejo Consultivo, y acelerar su aprobación por la vía rápida en la Asamblea extremeña antes de que termine la legislatura, es decir, antes de que se celebren las elecciones en mayo del corriente año.

Las últimas oposiciones convocadas en 2013 no han comenzado a desarrollarse un año y pico después;  el concurso de traslado de puestos base sigue a la zaga en el retraso; desde el verano del 2014 esperamos la convocatoria, y  resolución, del concurso de traslado de puestos de estructura, que no se convoca desde hace muchos años; las plantillas de la Administración Autonómica tienen un elevado grado de cobertura mediante comisiones de servicios, interinidades y contrataciones temporales…….. todo eso es lo que urge solucionar y primero iniciar, antes del mes de mayo, entonces ¿porqué tal velocidad en la tramitación del proyecto de Ley de la Función Pública?. Posibles razones que se me antojan, pueden ser la de  incorporar los preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público, tarea retrasada desde 2007,  o la de intentar cumplir la agenda legislativa prometida antes de agotar los cuatro años de mandato; otras razones prefiero que no se me ocurran.

Pero si leemos el proyecto de ley, nos encontramos ante un texto de mínimos, de cajones a llenar, de directrices a seguir; el verdadero desarrollo tendrá que hacerse a través de decretos u órdenes posteriores, por parte de un nuevo gobierno elegido en las elecciones (sea el que sea); en esta tesitura, las razones sugeridas anteriormente no justificarían totalmente el acelerón legislativo.

La nueva ley en trámite establece que las convocatorias deberán fijar el calendario de desarrollo de las oposiciones, no pudiendo ser superior a doce meses; ¡venga! pues cúmplase este objetivo iniciando la resolución de la convocatoria pendiente desde 2013 y de los concursos de traslado convocado y prometido, como ejemplo y muestra de que los objetivos son los que se dicen.

Todos, especialmente los que somos empleados públicos autonómicos en servicio activo, estamos de acuerdo en la necesidad de modernizar y transformar la función pública extremeña, en aras a  la prestación de un servicio público eficiente y de calidad, por ello permítanme poner en duda que eso se garantice tramitando la ley correspondiente en los tres últimos meses de legislatura; novedades de tanto calado y alcance como la regulación marco de la función directiva pública y  de pasarelas para la carrera administrativa profesional no pueden ser despachadas a toda velocidad, sin tiempo material para analizar y sopesar todas las posibles consecuencias con los mayores niveles de participación y aceptación posibles.  Recordemos que las prisas casi nunca suelen ser buenas, para todos.

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/opinion/acelerones-legislativos_851042.html